STS 1030/2026, de 4 de marzo | Sala de lo Penal, Tribunal Supremo

Ponente: Excmo. Sr. Andrés Martínez Arrieta | Recurso de Casación nº 3865/2023

El pasado 4 de marzo de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó una importante sentencia que ha puesto punto y final a un largo proceso penal por delitos de corrupción de menores y abuso sexual continuado con acceso carnal. El Alto Tribunal desestimó el recurso de casación interpuesto por los condenados y confirmó la pena impuesta. La resolución, además, sienta doctrina relevante sobre uno de los temas más debatidos en los últimos años en los juicios por delitos sexuales contra menores: el valor probatorio de la llamada prueba preconstituida.

¿Qué había ocurrido en este caso?

Los hechos declarados probados dieron lugar a la condena del acusado por dos tipos delictivos: un delito de corrupción de menores y un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal. La Audiencia Provincial dictó sentencia condenatoria, que fue posteriormente recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia, el cual la ratificó íntegramente. Frente a esa segunda resolución, la defensa acudió al Tribunal Supremo mediante recurso de casación, que es el último escalón del sistema de recursos en materia penal.

¿Qué planteaba la defensa en el recurso?

Las defensas articularon su recurso de casación sobre la base de varios motivos, entre los que destacaron:

• La vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 de la Constitución Española), cuestionando que existiera prueba de cargo suficiente para sustentar la condena.
• La impugnación de la prueba preconstituida, es decir, las declaraciones de las víctimas menores de edad que fueron grabadas y documentadas antes del acto del juicio oral, poniendo en duda su validez y su idoneidad para ser valorada como prueba plena.
• Posibles infracciones de ley y errores en la valoración probatoria, invocando preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para atacar el razonamiento de los tribunales inferiores.

En síntesis, la estrategia de la defensa buscaba convencer al Tribunal Supremo de que las condenas se habían basado en una prueba obtenida o valorada de forma incorrecta, lo que debería haber llevado a la absolución.

¿Por qué el Tribunal Supremo desestimó el recurso?

El Supremo rechazó todos y cada uno de los motivos planteados, consolidando su propia doctrina en materia de prueba preconstituida. La clave de la resolución reside en una pregunta esencial: ¿cuándo puede un tribunal condenar basándose en una declaración tomada antes del juicio oral?

La Sala responde con contundencia: la prueba preconstituida —especialmente las declaraciones de menores víctimas de agresiones sexuales grabadas en fase de instrucción— es perfectamente válida y valorable siempre que se haya obtenido con las garantías adecuadas: presencia de profesionales especializados, intervención del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Letrado de la Administración de Justicia, y posibilidad de contradicción por parte de la defensa.

Esta doctrina responde a una realidad muy humana: obligar a una víctima menor de edad a revivir y relatar en sede de juicio oral los hechos que la traumatizaron supone someterla a una victimización secundaria innecesaria. El ordenamiento jurídico dispone de mecanismos para evitarlo sin sacrificar por ello el derecho de defensa.

«La prueba que puede ser valorada es aquella que, practicada con todas las garantías, permite a la defensa ejercer su derecho de contradicción, sin que sea exigible la repetición ante el Plenario cuando ello suponga un perjuicio para la víctima menor de edad.»

— Doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, recogida en la STS 1030/2026

¿Qué significa esto para los ciudadanos?

Esta sentencia manda un mensaje claro: la protección de los menores víctimas de delitos sexuales es una prioridad del sistema judicial español, y los tribunales cuentan con herramientas para garantizarla sin comprometer los derechos procesales del acusado. El Tribunal Supremo no admite que el recurso de casación se convierta en una nueva oportunidad para cuestionar pruebas que ya fueron debidamente validadas por dos tribunales anteriores.

Para quienes se encuentran involucrados en procesos de esta naturaleza —ya sea como víctimas, familiares o acusados— es fundamental contar con asesoramiento jurídico especializado que comprenda tanto la dimensión procesal como los derechos garantizados en cada fase del procedimiento.

«El recurso de casación tiene por objeto rebatir los argumentos del Tribunal Superior de Justicia, no combatir de nuevo la sentencia de instancia como si la apelación no hubiera existido.»

— Doctrina reiterada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo